Detienen a un financista acusado de lavado de activos en el marco de la causa “Carbón blanco”
Leopoldo Daniel Carrena fue detenido en Mar del Plata “acusado de intervenir en varias maniobras de lavado de activos, algunas con ramificaciones en Estados Unidos de América”.
Al respecto, Glinski destacó que “el cambio de perspectiva de análisis fue vital en este sentido pues permitió orientar los esfuerzos operativos desde el primer momento de la investigación hacia aquellas evidencias de instrumentos y mecanismos a través de los cuales se usufructuaba el dinero obtenido de las actividades ilícitas”.
En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que “tanto en materia preventiva como en la profundización de los requerimientos del Poder Judicial, este caso pone de manifiesto que, cuando se trabaja de manera articulada y se indaga más allá de la superficie de las causas, se obtienen resultados fundamentales para neutralizar el delito complejo”.
“Lo hecho por la PSA en este caso me parece ejemplar: esa capacidad de análisis, investigación y respuesta es lo que requiere una política de seguridad federal contra el delito complejo”, destacó Frederic, quien iba a estar presente en la conferencia pero luego debió asistir al velatorio del comisario mayor de la Policía Federal Argentina (PFA) Pablo Daniel Moreno.
En los operativos se logró secuestrar cinco camionetas (cuatro, tipo pick up), dos camiones con acoplado, tres cuatriciclos, una lancha; una moto de agua, un arenero 4×4, cinco teléfonos celulares, computadoras y tarjetas de memoria, entre otros dispositivos electrónicos, y valiosa documentación para la causa.
Según fuentes de la investigación, Carrena posee diversos cargos directivos en un conjunto de empresas y era presuntamente el hombre que administraba las sociedades e inmuebles en Estados Unidos del abogado Carlos Alberto Salvatore, el líder de la organización fallecido en 2018.
La organización criminal fue liderada por el fallecido abogado y empresario Carlos Salvatore y por el caso hubo dos juicios, uno en 2015 con cinco condenados a penas de entre 12 y 21 años por el contrabando de estupefacientes, y otro en 2019 por el lavado del dinero, en el que se declaró culpables a tres personas y se ordenó el decomiso de 70 inmuebles, 26 automotores y dinero.
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