El jefe de Gabinete ratificó la intención del oficialismo de avanzar con la baja de la edad de imputabilidad, que podría ser menor incluso a los 14 años. “Un delito de adulto merece una pena de adulto”, afirmó durante su exposición en el Senado, donde brindó su primer informe de gestión.

En las respuestas enviadas previamente a los senadores, el Gobierno comunicó que “el Ministerio de Justicia informa que el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil reconoce el principio de especialidad. En este sentido se aclara que la organización del Poder Judicial es una atribución propia de las provincias, que deberán decidir sobre la creación de un fuero especial juvenil”.

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“En el ámbito de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sustanciación de los procesos penales comprendidos en la ley, el control de las medidas y la ejecución de las penas serán decididas por jueces, fiscales, defensores y órganos de capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal y con conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, las normas internacionales, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores”, agregó.

El proyecto prevé “establecer que el adolescente sea alojado en un instituto especializado de detención, que deberá cumplir una serie de principios generales y de orden internacional y nacional respecto a la dirección del establecimiento, características de la detención, capacitación del personal y contempla la separación de personas detenidas mayores de edad”.

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Leyes anti-mafia en EE.UU. e Italia

Nicolás Posse ratificó que presentarán una ley anti-mafia, como las que rigen en Estados Unidos e Italia. El incremento en la inseguridad en Rosario aceleró los procesos y el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich ultima los detalles para enviar el proyecto al Congreso de la Nación. Qué características tienen las leyes vigentes en estos países.

La Ley Rico es una normativa federal contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de los Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos que incluye fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etc. Y permite, si se combinan dos de los delitos, poder avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.

En el caso de la legislación italiana, lo que propone también es mucho más abarcativo: establece que serán condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir dinero.