El Gobierno aseguró que redujo más de 33 mil puestos en el Estado desde que asumió Milei
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó el detalle de la reducción de la planta estatal mes por mes.
El Gobierno redujo la planta estatal en 33.291 personas desde que asumió en diciembre, según los datos que brindó esta mañana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta en la red social X.
“La única manera sustentable de bajar la carga de impuestos es bajando el gasto público. Todo el equipo del presidente Javier Milei trabaja para ello. Acá el gráfico (foto de arriba) con la variación en la planta de empleados públicos actualizada a septiembre”, escribió el funcionario a quien el jefe de Estado encargó la tarea de achicar al sector público, para conseguir lo más rápido posible el equilibrio de las cuentas fiscales, en su intento de reencauzar los números deficitarios de la economía doméstica.
En ese gráfico se puede apreciar como, mes tras mes, los puestos en el Estado se redujeron; de esa cifra, de acuerdo al ministro, 20.026 pertenecen a la administración centralizada y descentralizada, otros 2.251 al personal militar y de las fuerzas de Seguridad y 11.014 a empresas del Estado.
Los mayores recortes se produjeron al comienzo de la gestión: en enero se desvinculó a 7.607 personas y en abril fueron 7.000 agentes menos, entre los que se incluyen ceses de contratos, retiros voluntarios y jubilaciones.
En diciembre, el Gobierno decidió cancelar los contratos de quienes habían ingresado a la administración pública durante el mandato de Alberto Fernández y establecer renovaciones solamente por tres meses. Así, en abril y en julio se registra la mayor cantidad de egresos, mientras que en septiembre (hasta donde llega el gráfico que publicó Sturzenegger) la disminución fue sensiblemente menor.
A los pocos días de asumir, Milei había explicitado que su idea era desprenderse de 70 mil integrantes de la planta estatal. “No sólo que se redujeron a la mitad la cantidad de ministerios; eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública, los contratos. No solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros sabíamos era que el programa iba a generar tensión social y, también, una caída de la actividad”, aseguró el mandatario nacional en un discurso que realizó en el mes de junio, durante un acto que se realizó en Parque Norte.
El mecanismo lo puso en marcha el primer jefe de Gabinete de la gestión mileísta, Nicolás Posse, y lo continuó el actual jefe de Gabinete y antes ministro del Interior, Guillermo Francos. En cada área del Gobierno se hizo una revisión del personal a su cargo y luego les acercaron el listado de aquellos trabajadores a los cuales decidieron que no se les iban a renovar el contrato.
Casi no hubo áreas en las que no se produjeran desplazamientos. A la reducción de ministerios -solamente quedaron ocho, incluyendo el recientemente creado de Sturzenegger, quien no tuvo cartera hasta principios de julio- se le sumó la eliminación de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), y la política de recortar en otras dependencias como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, que en un principio estuvieron en la lista de la Ley Bases entre los que eran pasibles de ser privatizados. También el cambio de denominación en otros como la AFIP, que pasó a denominarse Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que contempla la reducción de cargos jerárquicos que alcanzarían a más de 3.000 empleados.
Además, una de las últimas medidas que difundió Sturzenegger fue la de implementar un examen de idoneidad para todo el personal que quiera acceder a la función pública.
“La agenda de transformación es acompañar la reforma del Estado usando las facultades de la Ley Bases. También desarrollar una carrera administrativa cuyo aspecto esencial será un examen de ingreso a la función pública como la que se usa en los países con servicio civil profesional”, explicó.
El punto de partida sería un examen de ingreso que sirva como el comienzo de una carrera administrativa profesional que evalúe la idoneidad y no los amiguismos o la pertenencia política. Como modelo se tomaría el que se utiliza actualmente en la Cancillería.
Esta iniciativa fue rechazada por los gremios estatales, principalmente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que viene adoptando distintas alternativas de protesta para resistir el ajuste propuesto por Milei.
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