Ordenaron la “excarcelación inmediata” del expresidente Alberto Fujimori

El exmandatario cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el penal de Barbadillo, en las afueras de Lima. Tiene 85 años.

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación “inmediata” del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad”, indicó la resolución difundida a los medios.

Luego del anuncio del TC, uno de los abogados del expresidente, Elio Riera, dijo sin embargo que era más probable que la excarcelación se concretara este miércoles. De todos modos, su liberación parece inminente.

 

Realizando las últimas diligencias para la liberación de mi patrocinado Alberto Fujimori. pic.twitter.com/htDu42Munz

— Elio Riera (@ElioRieraGarro) December 6, 2023

“Como el horario de atención es hasta las 4 p.m., lo más probable es que sea (la liberación) para mañana (por el miércoles); lo que nos corresponde es acudir y seguir esos trámites administrativos, que ha sido lo último que nos ha pedido el expresidente a efectos de que ya se pueda viabilizar el oficio de excarcelación”, declaró Riera al Canal N en los exteriores del penal de Barbadillo, en el barrio limeño Ate.

Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio.

En esa condena, Fujimori fue considerado autor mediato de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves en dos masacres cometidas en 1991 y 1992 por el grupo paramilitar Colina.

 

Perú: 3 magistrados del Tribunal Constitucional se arrogan el poder de decidir cuál es la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiran a la basura sus órdenes para así liberar a Alberto Fujimori.

El Estado debe cumplir los fallos de la @CorteIDH. pic.twitter.com/sWN7owW4PF

— César Muñoz (@_Cesar_Munoz) December 5, 2023

Pese a ser sometido a varios procesos por diversos delitos, en la mayoría de los cuales fue condenado, la legislación peruana establece que en caso de que una persona reciba más de una sentencia, debe cumplir solamente la más extensa.

En octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.

Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación.

En marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus.

 

“¡Abajo la corrupción, se va a caer. Y arriba la justicia que va a vencer!”, continúa el plantón contra el indulto al exdictador Alberto Fujimori. #FujimoriNuncaMas @Malpensante_pe pic.twitter.com/pyNfSEdbM0

— Graciela Tiburcio Loayza (@Graciela_Jimena) December 6, 2023

Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.

El viernes, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del mandatario.

Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.

Si bien el tribunal reconoció la gravedad de los delitos del condenado, resaltó que se le concedió el indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022.

De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.

Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena.

El 7 de abril de 2023, la Corte IDH ordenó que el Perú no implementara la sentencia del TC.

La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución.

“Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalló la Corte IDH en un documento reproducido entonces por el diario oficial El Peruano.

Sin embargo, el fallo del TC publicado este martes considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado.