Bases estadounidenses: dónde están y cuál es su objetivo

De concretarse, la nueva base naval conjunta entre Estados Unidos y Argentina en Tierra del Fuego se uniría a una red de destacamientos de uso militar que Washington desplegó en América Latina y el Caribe. Las posiciones estratégicas del Comado Sur van desde Guantánamo en Cuba, hasta las ocho situadas en Perú, pasando por una docena en Puerto Rico. Para qué sirven.

El presidente Javier Milei estuvo en la noche del jueves en Tierra del Fuego donde se encontró con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. En el encuentro, anunció la construcción de una base naval integrada que se utilizará para conectar con la Antártida.

Según destacó el Presidente, el objetivo del encuentro fue “monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada” que definió como “un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco”.

Con respecto a la base naval proyectada, Milei anticipó que permitirá “desarrollar la economía local” y brindar “apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales”.

“Más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distinto signo político, los argentinos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos, ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida”, afirmó.

De concretarse, la nueva base naval conjunta entre Estados Unidos y Argentina se uniría a una red de destacamientos de uso militar que Washington desplegó en América Latina y el Caribe. Las posiciones estratégicas del Comado Sur van desde Guantánamo en Cuba, hasta las ocho situadas en Perú, pasando por una docena en Puerto Rico.

Las bases y “cuasibases”

Estados Unidos mantiene 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 fuera de sus fronteras, de las cuales 76 están en América Latina y el Caribe.

Con la ejecución de los acuerdos sobre el canal de Panamá fue desocupada la base Howard en 1999; no tardaron ser instaladas 12 más.

En América Latina y el Caribe, el Comando Sur sostiene  las bases de Guantánamo en Cuba, una docena en Puerto Rico, entre ellas la de Vieques, 3 en Honduras, entre ellas la de Soto Cano, donde se trasladó al depuesto Mel Zelaya tras el golpe de estado en 2009; la de Comalapa en El Salvador; 8 en Perú, entre ellas las de Iquitos, en la Amazonia, así como las de Santa Lucía Huallaga, Santa Lucía y Palmapampa.

En Colombia, funcionan siete bases, que Bogotá cedió para uso estadounidense. De hecho, todos los aeropuertos colombianos operan como bases donde las aeronaves militares estadounidenses se guarecen, reparan y recargan.

Es una situación especial: Colombia es oficialmente un Aliado Especial extra-OTAN, lo que la privilegia para comprar los excedentes de armas estadounidenses y almacenar las reservas bélicas de dicho país.

El Comando Sur opera asimismo 17 bases terrestres de radares: cuatro con sede en Colombia, tres en Perú, y varias móviles.

No siempre la instalación de una base es bien recibida.

La de Manta, en Ecuador, dominaba uno de los puertos fundamentales de un país petrolero, la frontera con la convulsionada Colombia y la estratégica cuenca del Putumayo. Rafael Correa decretó su cierre durante su presidencia.

Su sucesor, Lenin Moreno, se retractó y amplió el acuerdo con Washington: las islas Galápagos también operan hoy como base militar de Estados Unidos en Ecuador.

En algunos países, Estados Unidos desarrolla actividades sin bases formales, sino con destacamentos de los ejércitos locales, donde se desarrollan actividades de cooperación. Las “cuasibases”son una alternativa que provee de acceso a los militares estadounidenses a los países donde las bases formales fueron cerradas o rechazadas.

Son instaladas mediante negociaciones y acuerdos de tono más informal, que no siempre necesitan de aprobación parlamentaria.

Según Sebastián Bitar, profesor asociado de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes,  la historia de las bases militares construidas por el gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica se relacionó en un principio con la intención de tener presencia ante movimientos potencialmente conflictivos y estratégicos para su política exterior.

Hoy, tercian mayormente en objetivos estratégicos y geopolíticos vinculados a la competición con China y también, en operaciones contra el narcotráfico en los distintos países de la región.

Antes, en la hidrovía

En el marco de sus disputas estratégicas con China, antes de anunciar la base conjunta en Tierra del Fuego, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo con el argentino a principios de marzo, por el cual militares estadounidenses que integran el Cuerpo de Ingenieros del ejército de ese país se instalarán en la hidrovía que conecta los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.

De acuerdo a lo que informó el portal Corta, representantes de los dos gobiernos firmaron un acuerdo entre la Administración General de Puertos (AGP) e ingenieros de la hidrovía del río Misisipi para intercambiar información y capacitaciones sobre hidrovías y ríos.

En la firma del convenio estuvieron presentes el interventor de AGP, Gastón Benvenuto, el secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio González Botto, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y el representante del Cuerpo de Ingenieros estadounidense, Adrien McConnell.

Stanley expresó: “Estamos muy orgullosos de haber lanzado hoy un acuerdo de cooperación técnica entre la AGP y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que permitirá compartir experiencias y conocimientos en la operación eficiente, rentable y sostenible de puertos y vías navegables. Este es otro gran ejemplo de cómo nuestros países pueden conectar a expertos técnicos para mejorar la gestión de infraestructuras críticas”.

En términos de seguridad internacional, la hidrovía también es un foco de atención sumamente importante por el crecimiento del narcotráfico.

Desde la oposición denunciaron que la medida “atenta contra la soberanía nacional” y pidieron que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, asista al Congreso para explicar las implicancias del acuerdo.